El derecho a la vivienda fue, sin lugar a dudas, uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus. En la Argentina, a diferencia de otros países en los que se produjeron múltiples desalojos producto de la imposibilidad de pago por parte de inquilinos e inquilinas, el gobierno nacional implementó a partir de marzo el Decreto 320/20 con el objetivo de garantizar que cientos de miles de familias no se quedaran en situación de calle. Esta medida se llevó a cabo no sin contradicciones, puesto que tanto en el mercado de vivienda formal e informal -principalmente este último- continuaron los abusos propietarios y la ley de Alquileres, sancionada en junio de 2020, sigue sin implementarse en varios de sus puntos.
Desde la Federación de Inquilinos Nacional vienen trabajando a nivel país para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa. Al mismo tiempo, fueron promotores de la reciente prórroga que impide los desalojos y congela el precio de los alquileres durante los próximos dos meses. En una profunda entrevista con El Grito del Sur, su presidente Gervasio Muñoz analizó el rol del Estado de cara al sector, el cumplimiento de la ley de Alquileres, la relación con el Ministerio de Hábitat y la nueva concepción sobre el derecho a la vivienda con la llegada de la pandemia.
¿Qué análisis hacés de la nueva extensión del Decreto 320/20 hasta el 31 de marzo?
La extensión por dos meses se la arrancamos al gobierno nacional. Éste también necesita que los inquilinos y las inquilinas mostremos nuestra disposición a pelear. En poco tiempo hemos logrado la construcción de la representatividad del sector y uno ve con cierto orgullo cómo empiezan a aparecer organizaciones pequeñas que empiezan a preguntarse acerca de los inquilinos, algunas de forma legítima y otras bajo la lógica de debilitar y dividir. Respecto al decreto, hay que decir que es una de las medidas más protectoras que se han tomado en Latinoamérica y que, más allá de la falta de control y del rol del Ministerio de Hábitat -donde no quieren meterse con este tema-, la decisión del Presidente es proteger el derecho a la vivienda. De ahí para abajo falla todo, pero gracias a la labor de la Federación de Inquilinos Nacional hemos logrado suspender los desalojos y congelar el precio de los alquileres, entre otras cosas. De esta forma le hemos dado un golpe tras otro al mercado inmobiliario, más allá de que medianamente ellos tengan la capacidad para seguir haciendo lo que quieran.
Una de las preocupaciones actuales son las crecientes deudas de los inquilinos y las inquilinas. ¿Qué rol debe cumplir el Estado para ayudar a saldar este endeudamiento generalizado?
Hay que llevar adelante sí o sí un plan de desendeudamiento. La situación económica y social es tan grave que propietarios, inquilinos y el Estado Nacional ya están apostando a que esas deudas nunca se paguen y que siga todo como se pueda. Eso va a generar bastante conflictividad social, por ejemplo juicios, algo bastante parecido al año 2001. En este contexto es fundamental el registro de contratos de alquiler en AFIP, sino no hay forma de implementar un desendeudamiento direccionado a las familias inquilinas que acumulan deudas porque está todo en negro. Hoy todo transcurre a espaldas del Estado.
¿En qué estado de aplicación se encuentra la ley de Alquileres a más de 6 meses de su sanción?
No es casual que no se haya reglamentado todavía el registro de contratos en AFIP, porque con el tiempo -cuando se ponga en marcha- van a aparecer aquellos propietarios que tienen cientos de viviendas en alquiler bajo el dominio del poder político, el poder mediático, el poder judicial y los sectores económicos más concentrados. La vivienda se está haciendo cada vez más un negocio de élite en Argentina. El cumplimiento de toda la ley viene muy difícil porque el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial a cargo de Ferraresi no quiere meterse con los alquileres. La primera etapa fue contar con esta herramienta, la segunda etapa es que se cumpla. Vamos a hacer mucho hincapié en que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir, porque sino al Ministerio de Hábitat va a haber que cambiarle el nombre y ponerle Ministerio de la Construcción.
¿Ves una avanzada de algunos sectores políticos y económicos contra la ley de Alquileres?
Sí, es el mercado inmobiliario avanzando en contra de la ley. Éste se encuentra compuesto por los medios de comunicación, sectores de la clase política y del poder judicial, además de las cámaras inmobiliarias y desarrolladoras. Hay una pretensión de instalar que la ley de Alquileres es mala para los propietarios, las inmobiliarias y también para los inquilinos. Que el Ministerio de Hábitat no se exprese nunca sobre la situación de los inquilinos es también una forma de ir en contra de la ley. De todas formas, es muy difícil que se vuelva atrás porque hay una necesidad de los inquilinos y las inquilinas de salir a pelear en defensa de sus hogares y de la necesidad de vivir dignamente. Eso es fundamental para defender la ley, pero también para avanzar en más derechos.
¿Hay un diálogo más fluido con Ferraresi que con Bielsa? En los últimos comunicados cuestionaron la «falta de respuesta» del Ministro.
Tenemos diálogo, hablamos con Ferraresi y su jefe de Gabinete pero todo es muy parecido a lo que sucedía con Bielsa. Se habla, pero no se dice nada. No hay forma de establecer un trabajo en conjunto, en ese sentido se asimila a lo que pasaba con el macrismo: allí nos recibían con un café, te escuchaban, discutían y charlaban pero a la quinta reunión les decíamos: «¿van a tomar las medidas que les estamos pidiendo?» Y las medidas nunca llegaban. El tema no es Bielsa ni Ferraresi, es que no quieren meterse con el negocio inmobiliario. Como no se animan mucho a decir eso, prefieren hacer reuniones y tomar cafecitos.
En ese marco, las últimas medidas del Gobierno son importantes pero de carácter cortoplacista. ¿Por qué siguen sin aparecer soluciones de fondo con la nueva gestión?
Yo no pienso eso, creo que las medidas de Alberto son muy importantes. La suspensión de los desalojos y la interrupción de todos los contratos de alquiler con los precios congelados es una medida de fondo; es más, ese decreto debería durar durante todo el mandato de Alberto. También hay que cumplir la ley de Alquileres para aquellos que pueden pagar. Para los que no pueden pagar, no tienen aumentos o perdieron el laburo, hay que seguir extendiendo el decreto. No es cortoplacista, es una medida de fondo para tiempos de crisis. Yo dividiría la situación en dos niveles: la voluntad del Presidente, por un lado, y lo que sucede después en el Ministerio de Hábitat, donde ponen gente acostumbrada a mirar la vivienda como un negocio. Es muy difícil que salga de ahí la definición de regular el mercado inmobiliario porque se regularían a ellos mismos.
La pandemia dejó en evidencia, por ejemplo, que el acceso a Internet es un derecho humano. ¿Sentís que hay un cambio en la concepción sobre vivienda a partir de la nueva coyuntura internacional?
Yo creo que ha cambiado. Cuando hace cinco años empezábamos a plantear que uno de los responsables de la emergencia habitacional en la Argentina y el mundo es el mercado inmobiliario, ya existían señales de que era un tema muy peligroso. La pandemia vino a certificar que la mercantilización de la vivienda y la privatización absoluta trae consecuencias terribles y que los Estados tienen que empezar a garantizar el acceso a la vivienda como lo hacen con la salud y la educación. En ese sentido, desde Inquilinos Agrupados y la Federación que nuclea a las organizaciones de todo el país tenemos la tarea de plantear un modelo en que el Estado fortalezca el acceso a la vivienda, regule fuertemente al mercado inmobiliario, construya viviendas públicas en alquiler y congele el precio de los alquileres. Es un modelo de fuerte intervención del Estado, como lo hace en otras ramas: por ejemplo las tarifas de servicios públicos, los alimentos y las exportaciones. Es un atraso muy importante que se cobren retenciones a la renta agraria y no a la urbana.
Esta semana pusieron en marcha la campaña #NosQuedamos. ¿Cuál fue el motivo de su lanzamiento?
Siempre que entramos a una inmobiliaria, la frase que escuchamos cuando intentamos hacer cumplir algún derecho es: «Si no te gusta, andate». Frente a eso, nosotros les contestamos que «nos quedamos». Ha llegado el tiempo de no rendirnos más frente al mercado inmobiliario y de defender nuestro derecho a la vivienda. Junto con el CELS, Revista Crisis y Ni Una Menos, la campaña busca tener un discurso mucho más fuerte que el de la especulación y la rentabilidad del mercado inmobiliario. Por encima de la rentabilidad y el negocio, está el derecho a que una familia tenga un lugar para dormir.
¿Cómo se imaginan a finales de 2021 en este contexto tan complicado en cuanto a la adquisición de derechos para los inquilinos y las inquilinas?
Va a ser un año muy difícil, de mucha conflictividad social y organización. Vamos a terminar el 2021 con el cumplimiento efectivo de la ley de Alquileres en todo el país, vamos a lograr que siga vigente el decreto y que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial deje de ser el Ministerio de la Construcción para así pensar en forma integral la problemática de la vivienda.
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